REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, AGRARIO, TRANSITO, MARÍTIMO Y BANCARIO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE



Ingresaron por ante éste Juzgado, una vez efectuada la distribución correspondiente en fecha (11/10/05), las presentes actuaciones procesales provenientes del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre Sala de Juicio Nro.01, en virtud de la declinatoria de competencia formulada en fecha (02/05/05) por el Abogado JHOAN CÁRDENAS MEDINA, en su carácter de Juez del referido órgano Jurisdiccional.

Al respecto ésta Jurisdicente señala:

Conoce éste Juzgado de la declinatoria de competencia planteada en el juicio que por REVISIÓN DE OBLIGACIÓN ALIMENTARIA sigue la ciudadana SCHEREZADE ANUCHKA SUAREZ, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nro. V-9.275.502, actuando en representación de su hijo VICTOR MANUEL GONZÁLEZ SUAREZ, de Dieciocho (18) años de edad, titular de la Cédula de Identidad Nro. V-18.581.281, debidamente asistida por la profesional del derecho MARISOL HERNÁNDEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nro. V-11.490.601, en su carácter de Defensora Pública en Materia de Protección del Niño y del Adolescente, según oficio Nro.2094, emanado del Tribunal Supremo de Justicia, Dirección Nacional de la Defensa Pública Nacional en contra del ciudadano: ROGELIO GONZÁLEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nro. V-2.801.006, domiciliado en la Avenida El Tejar, Calle Los Ubitos, Taller Electroauto “EL Tejar”, Puerto Píritu, Estado Anzoátegui.

Por otra parte, el Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre Sala de Juicio Nro.01, al fundamentar su declinatoria lo hace en los siguientes términos:

“Del análisis y revisión del presente expediente observa éste Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente, que no es competente para conocer de la presente causa debido a que el ciudadano VICTOR MANUEL GONZÁLEZ SUARES (sic), quien intenta la presente acción de REVISIÓN DE OBLIGACIÓN ALIMENTARIA, es mayor de edad, tal como se puede evidenciar de partida de nacimiento N° 747, de fecha 06-08-86, que corre en autos y por lo tanto éste Tribunal sólo puede conocer de las causas donde estén involucrados Niños y Adolescentes, entiéndase: toda persona con menos de doce (12) años de edad y toda persona con doce (12) años o más y menos de dieciocho (18) años de edad, siendo el Tribunal competente el Juzgado de Primera Instancia en materia Civil de éste Primer Circuito Judicial, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil, y una vez transcurrido el lapso de cinco (05) días contados a partir de la presente fecha sin que las partes hubieran solicitado la regulación de competencia, quedará firme la presente decisión y se enviará el presente expediente al Tribunal declarado competente antes mencionado…”.


Por su parte, ésta Jurisdicente señala que, en el caso en marras, la parte actora requiere que mediante una acción de REVISIÓN DE OBLIGACIÓN ALIMENTARIA, a los fines de que se fije una cantidad que sirva para cubrir la alimentación y gastos de estudios del ciudadano VICTOR MANUEL GONZÁLEZ SUAREZ, de Dieciocho (18) años de edad, titular de la Cédula de Identidad Nro. V-18.581.281, fundamentándose para ello en los artículos 365, 366 y 369 de la Ley Orgánica para la Protección del niño y del adolescente (en lo subsiguiente LOPNA).

Y en tal sentido, procede a demandar al ciudadano: ROGELIO GONZÁLEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nro. V-2.801.006, domiciliado en la Avenida El Tejar, Calle Los Ubitos, Taller Electroauto “EL Tejar”, Puerto Píritu, Estado Anzoátegui.

Así las cosas, se observa que el Artículo 177 de la LOPNA, establece la competencia de la Jurisdicción especial de la Sala de Juicio:

“El juez designado por el presidente de la Sala de Juicio, según su organización interna, conocerá en primer grado de las siguientes materias:
Parágrafo Primero: Asuntos de familia:
a) filiación;
b) privación, extinción y restitución de la patria potestad;
c) guarda;
d) obligación alimentaria;
e) colocación familiar y en entidades de atención;
f) remoción de tutores, pro-tutores y miembros del consejo de tutela;
g) adopción;
h) nulidad de adopción;
i) divorcio o nulidad de matrimonio, cuando haya hijos niños o adolescentes;
j) divorcio o nulidad del matrimonio, cuando uno o ambos cónyuges sean adolescentes;
k) cualquier otro afín a ésta naturaleza que deba resolverse judicialmente.
Parágrafo Segundo: Asuntos patrimoniales y del trabajo:
a) administración de los bienes y representación de los hijos;
b) conflictos laborales;
c) demandas contra niños y adolescentes;
d) cualquier otro afín a esta naturaleza que deba resolverse judicialmente”. (omissis) (Subrayado del Tribunal)



Igualmente, prevé el Artículo 383 de la LOPNA lo que parcialmente se transcribe a continuación:

“Artículo 383: Extinción. La obligación alimentaria se extingue:
1°. Por la muerte del obligado o del niño o del adolescente beneficiario de la misma.
2°. Por haber alcanzado la mayoría el beneficiario de la misma, excepto que padezca deficiencias físicas o mentales misma, excepto que padezca deficiencias físicas o mentales misma, excepto que lo incapaciten para proveer a su propio sustento, o cuando se encuentre cursando estudios que, por su naturaleza, le impidan realizar trabajos remunerados, caso en el cual la obligación puede extenderse hasta los veinticinco años de edad, previa aprobación judicial” (Subrayado del Tribunal)..


Es de saber, que nuestra Carta Magna tal y como lo establece en su artículo 76 en su segundo aparte establece:

“…El padre y la madre tienen el deber compartido e irrenunciable de criar, formar, educar, mantener y asistir a sus hijos e hijas, y éstos tienen el deber de asistirlos cuando aquellos o aquellas no puedan hacerlo por sí mismos. La ley establecerá las medidas necesarias y adecuadas para garantizar la efectividad de la obligación alimentaria”.


Por lo tanto, dispone el referido precepto constitucional que la ley establecerá las medidas necesarias y adecuadas para garantizar la efectividad de la Obligación alimentaria. Por otra parte se evidencia que:

“La obligación alimentaria comprende todo lo relativo al sustento, vestido, habitación, educación, cultura, asistencia y atención médica, medicinas, recreación y deportes, requeridos por el niño y el adolescente. La misma, recae sobre los padres cuya filiación éste legalmente o judicialmente establecida. Ésta obligación se extiende hasta que el hijo alcance la mayoridad, y subsiste aún cuando exista privación o extinción de la patria potestad, o no se tenga la guarda y custodia del hijo” (ZAMBRANO, Freddy: Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 1999 comentada. Pág. 76, Editorial ATENEA, Caracas- Venezuela), (Subrayado del Tribunal).

Y siendo que, del caso en marras se evidencia que el ciudadano VICTOR MANUEL GONZÁLEZ SUAREZ, titular de la Cédula de Identidad Nro. V-18.581.281, éste Juzgado (sin que dicha mención se tome como decisión del mérito de la causa), señala que a pesar de haber alcanzado la mayoridad, el prenombrado ciudadano pudiere ser beneficiario de la obligación alimentaria, por cuanto, según plantea en su solicitud cursa estudios en la Unidad Educativa “José Antonio Ramos Sucre” de ésta ciudad de Cumaná, Estado Sucre, caso en el cual la obligación puede extenderse hasta los veinticinco (25) años de edad, previa aprobación judicial.

Siendo en tal caso, competente para conocer de la presente causa el Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de ésta Circunscripción Judicial, en aplicación del ordinal 2° del artículo 383 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente.

Así las cosas y en atención a todo lo antes expuesto, es por lo que éste JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, AGRARIO, TRÁNSITO, MARÍTIMO Y BANCARIO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, se declara INCOMPETENTE de seguir conociendo de la presente causa que por REVISIÓN DE OBLIGACIÓN ALIMENTARIA, le fuere remitida por el Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre Sala de Juicio Nro.01, en virtud de la declinatoria de competencia formulada en fecha (14/04/04) por el Abogado JHOAN CÁRDENAS MEDINA, en su carácter de Juez del referido órgano Jurisdiccional, toda vez que se violaría lo inherente al debido proceso previsto en el Artículo 49 de Nuestra Carta Magna. Y Así se Decide.-

En tal sentido, éste órgano jurisdiccional requiere al Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito, de Protección del Niño y del Adolescente del Primer Circuito Judicial de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, la REGULACIÓN DE COMPETENCIA de conformidad con el artículo 71 de la Ley Adjetiva Civil vigente. En consecuencia, se ordena la remisión mediante oficio de copias certificadas del presente expediente al Tribunal de Alzada para que sea éste quien decida acerca de la Regulación Planteada.


Publíquese, Regístrese y Déjese copia debidamente certificada.

Dada, Firmada y Sellada en el Salón de Despacho del Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito, Marítimo y Bancario del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre. En Cumaná, a los Veintiséis (26) días del mes de Octubre de Dos Mil Cinco (2005).
LA JUEZ PROVISORIO,

Abog. YLIMAR OLIVEIRA DE CARABALLO
LA SECRETARIA,


Abog. ROSELY V. PATIÑO R.

NOTA: En esta misma fecha se publicó la presente decisión, siendo las 11:00 m., previo el anuncio de Ley y a las Puertas del despacho.

LA SECRETARIA,
Abog. ROSELY V. PATIÑO R.

SENTENCIA: INTERLOCUTORIA
MATERIA: CIVIL PERSONAS.
EXP. NRO. 6269.05
YOdC/mvyf