REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, AGRARIO, TRANSITO, BANCARIO Y MARITIMO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.


Vista la pretensión MERODECLARATIVA proveniente del Tribunal Distribuidor en fecha 20 de Noviembre de 2.007, interpuesta por el ciudadano NELSON RODRIGUEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 3.339.118, asistido por el abogado en ejercicio EDWAR LUCENA AGUILAR, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 91.431 y siendo la oportunidad para que este Despacho Judicial se pronuncie respecto de la admisión de la querella que nos ocupa, procede a efectuar las siguientes consideraciones previas:
Pretende el accionante que este Despacho Judicial, declare extinguida la obligación de pago que contrajo con el de cujus Juan José Licontes, quien era titular de la cédula de identidad Nº V- 4.294.839, y consecuencialmente libere la hipoteca que pesa sobre el inmueble objeto del negocio jurídico celebrado por ambos.
Así las cosas, fundamentó el accionante su pretensión, de la siguiente manera:
Expuso que en fecha 02 de Diciembre de 1.986, adquirió a través de un contrato de compra-venta, conjuntamente con quien en vida se llamara Juan José Licontes, dos (02) lotes de terrenos y las construcciones sobre ellos existentes, ubicados en la Parroquia Ayacucho Municipio Sucre del Estado Sucre. Que en fecha 03 de Agosto de 1.992, el ciudadano Juan José Licontes le traspasó a través de un contrato de compra-venta, todos los derechos que le correspondían sobre los mencionados lotes de terreno, pactándose para ello la suma de setecientos cincuenta mil bolívares (Bs. 750.000,oo), de los cuales el prenombrado ciudadano recibió en ese momento la suma de cincuenta mil bolívares (Bs. 50.000,oo), constituyéndose hipoteca legal por el monto restante, todo lo cual consta en documento auténtico de fecha 03 de Agosto de 1.992, inserto bajo el Nº 53, Tomo 37 de los Libros de Autenticaciones llevados por la Notaría Pública de ésta ciudad.
Señaló que dentro del lapso legal, procedió a cancelar la diferencia del precio de la venta, es decir, la suma de setecientos mil bolívares (Bs. 700.000,oo), tal como consta de recibo de pago de fecha 03 de Agosto de 1.993, siendo recibida dicha suma por el ciudadano Juan José Licontes, cuyo recibo de pago agregó a la pretensión de marras, conjuntamente con copia del cheque de gerencia girado contra el Banco Mercantil, y talón adjunto al cheque de gerencia en mención, librado a favor del prenombrado ciudadano y por la cantidad antes dicha.
Arguyó que el ciudadano Juan José Licontes, falleció antes de que se protocolizara el documento y se liberara la respectiva hipoteca legal, motivo por el cual demandó a la viuda del de cujus, con el objeto de que reconociera los supra indicados documentos, siendo que el Juzgado Tercero de Primera instancia en lo Civil, Mercantil, Transito, Agrario, Bancario y Marítimo del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre, quien fue el Tribunal que conoció de la indicada causa, en fecha 14 de Junio de 2.007, dictó sentencia declarando que la firma que aparecen en las instrumentales, corresponden al causante Juan José Licontes.
Por último requirió de este Despacho Judicial, declare la extinción de la obligación de pago y liberara la hipoteca legal que pesa sobre el inmueble objeto del negocio jurídico que celebró con el mencionado Juan José Licontes.

I
DE LOS MOTIVOS QUE HACEN INADMISIBLE LA PRETENSION.

Siendo la oportunidad para que este Despacho Judicial se pronuncie respecto de la admisión de la querella que nos ocupa, procede a efectuar las siguientes consideraciones previas:
La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en diversas sentencias, se ha referido al tema de la inadmisibilidad de las pretensiones merodeclarativas cuando no satisfagan éstas el interés del actor, siendo una de ellas la sentencia Nº 909, de fecha 19-08-04, en la cual dicha Sala determinó lo siguiente:
Ahora bien, corresponde a la Sala analizar la naturaleza jurídica de la acción intentada y su admisibilidad. En tal sentido, el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil establece que el tribunal admitirá la demanda “...si no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la Ley...”. También podrá el tribunal negar la admisión de la demanda expresando los motivos de su determinación. Por su parte, el artículo 16 del mismo código establece que: “Para proponer la demanda el actor debe tener interés actual. Además de los casos previstos en la Ley, el interés puede estar limitado a la mera declaración de la existencia o inexistencia de un derecho o de una relación jurídica. No es admisible la demanda de mera declaración cuando el demandante puede obtener la satisfacción completa de su interés mediante una acción diferente”. Según la doctrina de la Sala, cuando una acción de esta naturaleza no satisface completamente el interés jurídico actual del accionante no puede ser admitida, por cuanto el tribunal no puede conocer la pretensión que no va a lograr su objetivo. Así quedó establecido en fallo dictado el 26 de julio de 2002 (caso: Arcángel Mora c/ Ana Ramona Mejías Ruiz), donde se expresó:“...De conformidad con la parte final de la citada norma, las acciones mero-declarativas que no satisfagan completamente el interés del accionante no son admisibles, ello en virtud del principio de economía procesal, pues nada hace un tribunal al conocer de una acción que no logra su objetivo, como es declarar certeza sobre un derecho o una relación jurídica que se tiene como incierta, o ventilar un proceso que sólo pretende preconstituir una prueba para un juicio posterior. Por tanto, la satisfacción completa del interés del actor deviene en condición necesaria para la admisibilidad de dicha demanda, que de no cumplirse estaría prohibida por la ley, es decir, por el mismo artículo 16 del Código de Procedimiento Civil...”. Considera la Sala, que el ejercicio de la acción de certeza está sujeto al cumplimiento de determinados requisitos a través de los cuales los jueces pueden determinar la admisibilidad o no de la acción intentada. El primero, consiste en la necesidad de que la pretensión del actor pueda satisfacer completamente su interés jurídico actual; de no ser así, debe considerarse que está prohibida por la ley; y el segundo, que no exista una acción judicial ordinaria distinta a la mero-declarativa que satisfaga completamente la pretensión deducida (Negritas añadidas).

Ahora bien, analizado como ha sido el marco jurisprudencial que precede, la pretensión del actor y los recaudos consignados por éste, concluye esta jurisdicente que el accionante de autos no tiene interés para incoar la pretensión que nos ocupa, en virtud de que la extinción de la obligación a que refiere la demanda, se encuentra ya consumada, lo cual puede constatarse de las pruebas documentales que se acompañan a la demanda bajo estudio. Así las cosas, constituyendo el pago en nuestro ordenamiento jurídico, uno de los medios de extinción de las obligaciones, y habiendo consignado el accionante como documentos fundamentales en los que apoyó su pretensión: A- Copia de recibo de fecha 03 de Agosto de 1.993, por la suma de setecientos mil bolívares (Bs. 700.000,oo) por concepto de cancelación total de los derechos que el ciudadano Juan José Licontes tenía sobre un inmueble ubicado en la calle vargas Nº 62 de ésta ciudad y B- Copia de cheque de gerencia librado por el Banco Mercantil, en fecha 02 de Agosto de 1.993, a favor del ciudadano Juan José Licontes, por la suma antes indicada, con su correspondiente constancia de que dicho instrumento mercantil fue emitido por orden del accionante; resulta en consecuencia, evidente, que la obligación de pago contenida en el documento auténtico de fecha 03 de Agosto de 1.992, inserto bajo el Nº 53, Tomo 37 de los libros de Autenticaciones llevados por la Notaría Pública de ésta ciudad, a ser ejecutada por el ciudadano Nelson Rodríguez, se encuentra extinguida por efecto del pago, cuyo pago fue reconocido inclusive de forma auténtica, tal como se desprende de la sentencia dictada en fecha 14 de Junio de 2.007, por el Juzgado Tercero de Primera instancia en lo Civil, Mercantil, Transito, Agrario, Bancario y Marítimo del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre, el cual conoció de la pretensión de Reconocimiento de los documentos que acompañan a la pretensión de marras, incoada por el prenombrado ciudadano, contra la ciudadana Esther Mistage de Licontes, viuda del de cujus Juan José Licontes; quedando así extinguida la referida obligación contraída por el ciudadano Nelson Rodríguez, por haber mediado su pago y así se decide.
Luego, encontrándose extinguida la obligación de pago, como tantas veces se ha dicho, resulta obvio que el actor no tiene interés jurídico para incoar la pretensión bajo análisis, pues, el objeto de la misma se encuentra ya cumplido, circunstancia que conduce a que de acuerdo a la jurisprudencia parcialmente citada, la pretensión de marras debe ser declarada inadmisible, por encontrarse expresamente prohibida por la ley, es decir, por el artículo 16 del Código de Procedimiento Civil y así se decide.
En lo que respecta a la liberación de la hipoteca legal que pesa sobre el inmueble ubicado en la calle Vargas Nº 62 de ésta ciudad, cuyo inmueble fue objeto del negocio jurídico a que se contrae el documento auténtico de fecha 03 de Agosto de 1.992, inserto bajo el Nº 53, Tomo 37 de los libros de Autenticaciones llevados por la Notaría Pública de ésta ciudad, observa esta sentenciadora, que efectivamente en dicho instrumento se constata la existencia de una hipoteca legal, cuya liberación fue solicitada de manera subsidiaria de la declaratoria de extinción de la obligación, siendo que al no haber prosperado ésta, a aquella le sigue la misma suerte, es decir, que tampoco puede prosperar, no obstante, como quiera que anteriormente este Juzgado indicó que la obligación a ser ejecutada por el accionante se encontraba ya extinguida por efecto del pago, y por cuanto dicho pago fue reconocido de manera auténtica, de acuerdo a sentencia dictada por el Tercero de Primera instancia en lo Civil, Mercantil, Transito, Agrario, Bancario y Marítimo del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre, entonces nada impide que el ciudadano Registrador Inmobiliario con competencia territorial en este Municipio Sucre del Estado Sucre, proceda a liberar la hipoteca legal que pesa sobre el identificado inmueble y así se establece.
Por otra parte, y para finalizar, no puede este Despacho Judicial dejar de pronunciarse, en torno al hecho de que la parte actora instó este órgano jurisdiccional con el objeto de que declare extinguida la obligación de pago contenida en el citado instrumento auténtico; empero, del contenido de la demanda, se observa que la parte demandante no dirige su pretensión contra los herederos conocidos y desconocidos del ciudadano Juan José Licontes, sino que simplemente se limitó a solicitar de este Despacho Judicial la declaratoria de extinción de la obligación de pago. De manera que, en opinión de esta juzgadora, tratándose la actuación de actor de una demanda encaminada a que se le declare por la vía judicial la extinción de una obligación, necesariamente debe existir la relación jurídica procesal, entre quien insta la acción y los llamados por la ley a estar en juicio como demandados, ya que obligatoriamente debe existir una parte demandada que pueda contradecir la pretensión, aunado a que la inclusión del sujeto procesal pasivo en la relación jurídica, constituye un requisito esencial que debe contener toda demanda, tal como lo exige el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, cuya omisión conlleva inexorablemente a que aunado a las circunstancias aducidas en párrafos anteriores, la demanda debe ser declarada inadmisible en la parte dispositiva de éste fallo y así se decide.

II
DECISION
En virtud de los razonamientos que preceden, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Agrario, Bancario y Marítimo del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, en nombre de la República Bolivariana y por autoridad de la Ley, declara: INADMISIBLE la pretensión merodeclarativa incoada por el ciudadano NELSON RODRIGUEZ, titular de la cédula de identidad Nº V-3.339.118, asistido por el abogado en ejercicio EDWAR LUCENA AGUILAR, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 91.431. Así se decide.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la presente decisión.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Agrario, Marítimo y Bancario del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre. En la ciudad de Cumaná, a los veinte (20) días del mes de Diciembre de 2.007. Años: 198º de la Independencia y 147º de la Federación.
LA JUEZ PROVISORIO,

Abg. GLORIANA MORENO MORENO
LA SECRETARIA,

Abg. KENNY SOTILLO SUMOZA

NOTA: La presente decisión fue publicada en esta misma fecha, siendo las 3:30 p.m., previo el anuncio de Ley a las puertas del Tribunal.
LA SECRETARIA,

Abg. KENNY SOTILLO SUMOZA.
Exp. Nº 18.964
Sentencia: Interlocutoria con fuerza de definitiva
Materia: Civil
Motivo: pretensión merodeclarativa
Partes: Nelson Rodríguez
GMM/meal