REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 30 de Marzo de 2011
200º y 152º

ASUNTO: AH18-V-2007-000110

DEMANDANTES: José Gregorio Tineo Nottaro, Melchor Ramón Tineo Nottaro, Melba Elizabeth Tineo Nottaro y María Alexandra Tineo de Lovera, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las cédulas de identidad números V-3.887.660, V-3.887.431, V-3.887.430 y V-6.815.517.

APODERADOS DEMANDANTES: José Miguel Azócar Rojas y Samuel Jaimes Machado, abogados en ejercicio, inscritos en el Inpreabogado bajo los números 54.453 y 29.670, respectivamente.

DEMANDADA: Promotora Inmobiliaria Campo Sol, C.A, sociedad mercantil inscrita por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y estado Miranda, en fecha 27 de Julio de 1.999, bajo el N° 85, Tomo 332-A-Qto.

APODERADOS DEMANDADA: Neil Alberto Cubillan Finol, María Alejandra Rodríguez Avendaño y Arturo J. Bravo Roa, abogados en ejercicio, inscritos en el Inpreabogado bajo los números 63.264, 97.535 y 38.593, en su orden.

MOTIVO: Acción Reivindicatoria.

- I -
Examinadas como han sido de manera minuciosa las actas procesales que conforman el presente expediente, contentivas del juicio que por acción de reivindicación intentaron los ciudadanos José Gregorio Tineo Nottaro, Melchor Ramón Tineo Nottaro, Melba Elizabeth Tineo Nottaro y María Alexandra Tineo de Lovera, contra la sociedad mercantil Promotora Inmobiliaria Campo Sol, C.A., todos ya identificados, este Tribunal pasa a hacer las siguientes consideraciones:

Por auto de fecha 24 de septiembre de 2.009, el Juez que suscribe se abocó formalmente al conocimiento del presente asunto, y seguidamente da por recibido el oficio N° 2008-277, de fecha 03 de noviembre de 2008, proveniente del Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, mediante el cual remitió a este Juzgado copia certificada de la sentencia dictada en fecha 22 de octubre de 2.008 y su aclaratoria, con motivo de la acción de Amparo Constitucional intentado por la sociedad mercantil Promotora Campo Sol, C.A., en contra de las presuntas omisiones cometidas por los Juzgados Cuarto y Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, en los juicios de Deslinde y Reivindicación, respectivamente, seguidos por los ciudadanos José Gregorio Tineo Nottaro, Melchor Ramón Tineo Nottaro, Melba Elizabeth Tineo Nottaro y María Alexandra Tineo de Lovera. Del texto de dicho fallo constitucional se desprende lo que sigue:

“(…) De modo tal pues que, el derecho a ser oído le confiere a todo particular que interviene en una causa, la facultad de hacer alegatos en las oportunidades preclusivas para ello, dentro del procedimiento.
Pero de nada le serviría a la parte hacer alegatos dentro del proceso, si el Juez no estuviere obligado a pronunciarse sobre ese alegato mediante el fallo correspondiente, en la oportunidad prevista en la legislación.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 26 de la Constitución, elemento fundamental de ese derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en este artículo, consiste en el derecho a obtener la decisión correspondiente, y esa decisión debe ser dictada con prontitud.

Si concordamos todo esto, con lo ordenado por la Sala Constitucional del Más Alto Tribunal de la República, en el fallo citado como fundamento de la pretensión, resulta que, cualquier Tribunal de la República ante el cual se formule una defensa en el sentido de que una acción, demanda o pretensión de cualquier tipo, deducida en un proceso determinado, está comprendida dentro de la prohibición de admisión de la acción, pretensión o demanda ordenada por el Más Alto Tribunal de la República en Sala Constitucional, mediante fallo de 12-08-2004, distinguido con el Nº 1565, debe pronunciarse en forma inmediata sobre el planteamiento de inadmisibilidad de la pretensión así fundamentado.

Obsérvese que de conformidad con el fallo del Más Alto Tribunal, el Juez esta en el riesgo, caso contrario, de incurrir en desacato de la decisión dictada.

NO PREJUZGA ESTE TRIBUNAL ACERCA DE SI LAS DOS PRETENSIONES DEDUCIDAS EN ESOS PROCESOS A LOS CUALES HEMOS HECHO REFERENCIA, ESTÁN COMPRENDIDAS O NO DENTRO DE LA PROHIBICIÓN, OBSÉRVESE QUE NO LE CORRESPONDE A ESTE TRIBUNAL DECIDIR AL RESPECTO Y POR LO TANTO, NINGÚN PRONUNCIAMIENTO EMITE SOBRE ESE PARTICULAR.

A este Tribunal le ha sido denunciado simple y llanamente que un punto previo que debe ser decidido en ambos procesos, con fundamento en esa construcción, debe ser decidido en forma inmediata, y que sin embargo, los Tribunales de la República por ante los cuales cursan esas dos causas, no han emitido el pronunciamiento correspondiente.

Pues bien, ha sido demostrado en este proceso que tal planteamiento ciertamente fue hecho en esos juicios y no consta en autos que se haya dictado la sentencia correspondiente para resolverlo.

Por ese motivo, con fundamento en los artículos 49 y 26 de la Constitución de la República que consagran el derecho a la defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva, así como el derecho a obtener un pronunciamiento en forma expedita acerca de cada uno de los alegatos hechos por las partes en el proceso, este Tribunal ordena a los Juzgados Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, pronunciarse acerca de esos alegatos en los dos expedientes respectivos, en forma inmediata.

Naturalmente que en ésos pronunciamientos deberá decidir sobre las defensas de parte actora en ambos procesos, en el sentido de que en la sentencia señalada por el apoderado quejoso dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, no se hace mención al Título que le da la línea de propiedad a sus representados, y que por lo tanto, éste tiene plena validez.- Deberá pronunciarse además acerca del alegato en el sentido de existencia de un juicio de solicitud de Nulidad de Asiento Registral interpuesto en Abril de 2001, el cual, según se afirma fue desistido y la relevancia que ello pueda tener en la admisibilidad de la pretensión, en ambos casos, porque es al pronunciarse sobre la admisibilidad cuando deben decidirse estos alegatos.

En consecuencia, este Tribunal actuando en Sede Constitucional y, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley DECLARA: CON LUGAR el Amparo de Garantías Constitucionales examinado.” (sic)

Ahora bien, del estudio del presente escrito libelar, puede colegirse que la pretensión actora consiste en obtener mediante el ejercicio de la acción de reivindicación, la restitución de un bien inmueble constituido por un lote de terreno de cincuenta y cuatro mil metros cuadrados (54.000 mts2), ubicado al final de la Urbanización La Tahona, colindante con la Tercera Etapa de la Urbanización Los Naranjos del Hatillo, cuya propiedad le atribuyen a su difunto padre, ciudadano Melchor Ramón Tineo Plaza, quien en vida fuera portador de la cédula de identidad N° V-76.740; cuyas especificaciones son las siguientes: “Un lote de terreno de Cincuenta y Cuatro Mil Metros Cuadrados (54.000 mts2), situado en Jurisdicción del Municipio Baruta, Distrito Sucre del estado Miranda, el cual es parte de una mayor extensión de terreno alinderada así: Norte: Terrenos que son o fueron del Sr. Luis Carrasquero, desde quebrada la guairita en el sitio en donde la carretera de la pedrera pasa a cuarenta metros (40 mts.) aproximadamente al oeste de dicha quebrada, desde este punto hacia una altura con cota de 983,40 y subiendo rumbo y oriente hasta el tope con cota 1033,10 y de aquí pasando por un caminito de tierra hacia el norte, hasta llegar al tope más alto con una cota de 1217,20 que se encuentra en la carretera del cerro; OESTE: Quebrada la guarita desde el sitio donde la carretera la pradera pasa cerca de la quebrada, o sea en el lindero suroeste de la propiedad que es o fue del Sr. Luis Carrasquero, siguiendo la quebrada rumbo sur, hasta llegar en el sitio denominado Uribante en el punto exacto donde el caminito que baja de la pradera llega a la quebrada son terrenos que son o fueron propiedad del Sr. León Campos Guzmán, desde el caminito Uribante, en la quebrada la guarita, subiendo hacia la parte más alta rumbo este, atravesando la carretera de tierra y llegando al tope con cota 1.067 pasa a la cota 1060,60 siempre en lo alto, pasa a la cota 1050 y 1057,60, hasta otro tope con cota 1096 y de aquí con un caminito de tierra atravesando una carretera de tierra y bajando con un corte de tierra pasando la cota 1.118,30 lindando con una granjita y por una carretera de tierra hasta la bifurcación de caminos en una zona plana que separa la carretera principal con cortes de tierra, y siguiendo otro caminito que baja en la carretera y desde aquí la misma carretera del cerro y, ESTE: Terreno de los Naranjos desde el cruce de la carretera hacia el norte, siguiendo el camino del cerro, que pasa por las cotas 1190,50; 1196,83; 1179,60; 1173,50; 1214,20; 1209,50; 1214,20; y la cota 1229, hasta la cota 1217,20 que es el lindero suroeste de los terrenos que son o fueron del Sr. Luis Carrasquero, los linderos y medidas particulares del lote de terreno arriba indicado: Norte: Cien metros (100 mts.) lineales, terrenos que son o fueron de la Urbanización La Trinidad. Noroeste: En una extensión de doscientos ochenta y dos metros (282 mts.) lineales, terrenos propiedad del Sr. Giuseppe Russo Ferante; Suroeste: En trescientos metros (300 mts.) aproximadamente, terrenos que son o fueron de la mencionada Urbanización La Trinidad; Sureste: En cuarenta y seis metros (46 mts.) carretera vieja que conduce al Hatillo y terrenos de la citada Urbanización La Trinidad y Este: En cuatrocientos Cuarenta y Cinco metros (445 mts.) lineales, carretera vieja que conduce al Hatillo y terrenos que son o fueron de la Urbanización La Trinidad”.

- II -

Puede verificarse de las diversas documentales aportadas al juicio, específicamente las que acompañan al escrito libelar, que la parte demandante aportó copia simple del Certificado de Liberación signado bajo el N° 040070, de fecha veintiséis 26)de marzo de 2.004, emitido por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), a favor de los ciudadanos María Alexandra Tineo Nottaro, José Gregorio Tineo Nottaro, Melchor Ramón Tineo Nottaro, Melba Elizabeth Tineo Nottaro y Luis Armando Tineo Rivera, en su condición de herederos universales (hijos) del ciudadano Melchor Ramón Tineo Plaza, fallecido ab-intestato el día 29 de enero de 1.989.

Asimismo, se constata de autos que la parte actora consignó copia certificada del documento contentivo del contrato de compra-venta, celebrado entre los ciudadanos Angelo Lo Destro Alabiso, quien actuó en dicha negociación como apoderado general del vendedor, ciudadano Giuseppe Russo Ferrante, y el ciudadano Melchor Tineo Plaza, en su carácter de comprador, cuyo objeto es un bien inmueble constituido por: “Un lote de terreno con una superficie aproximada de cincuenta y cuatro mil metros cuadrados (54.000 mts2), situado en Jurisdicción del Municipio Baruta, Distrito Sucre del Estado Miranda, el cual es parte de una mayor extensión de terreno alinderado así: “Norte: Terrenos que son o fueron del Sr. Luis Carrasquero, desde quebrada la guairita en el sitio en donde la carretera de la pedrera pasa a cuarenta metros (40 mts.) aproximadamente al oeste de dicha quebrada, desde este punto hacia una altura con cota de 983,40 y subiendo rumbo naciente hasta el tope, con cota 1033,10, y de aquí, pasando por un caminito de tierra hacia el norte, hasta llegar al tope más alto con una cota de 1.217,20 que se encuentra en la carretera de El Cerro; OESTE: Quebrada La Guarita, desde el sitio donde la carretera La Pedrera pasa cerca de la quebrada, o sea en el lindero suroeste de la propiedad que es, o fue del Sr. Luis Carrasquero, siguiendo la quebrada rumbo sur, hasta llegar en el sitio denominado Urribante, en el punto exacto donde el caminito que baja de La Pradera llega a la quebrada; SUR: terrenos que son o fueron propiedad del Sr. León Campos Guzmán, desde el caminito Urribante, en la quebrada La Guarita, subiendo hacia la parte más alta, rumbo Este, atravesando la carretera de tierra y llegando al tope con cota 1.067, pasa a la cota 1.060,60 siempre en lo alto, pasa a la cota 1.050 y 1.057,60, hasta otro tope con cota 1.096 y de aquí con un caminito de tierra, atravesando una carretera de tierra y bajando en un corte de tierra, pasando la cota 1.118,30 lindando con una granjita y por una carretera de tierra, hasta la bifurcación de caminos en una zona plana que separa la carretera principal con cortes de tierra, y siguiendo otro caminito que baja en la carretera, y desde aquí la misma carretera del cerro; y, ESTE: Terreno de los Naranjos, desde el cruce de las carreteras hacia el Norte, siguiendo el camino del cerro que pasa por las cotas 1190,50; 1196,83; 1179,60; 1173,50; 1214,20; 1209,50; 1214,20; y la cota 1229, hasta la cota 1217,20 que es el lindero suroeste de los terrenos que son o fueron del Sr. Luis Carrasquero, los linderos y medidas particulares del lote de terreno de la presente venta son: Norte: en cien metros (100 m.) lineales, terrenos que son o fueron de la Urbanización La Trinidad. Noroeste, en una extensión de doscientos ochenta y dos metros (282 m.) lineales, terrenos propiedad del Sr. Giuseppe Russo Ferrante; SUROESTE, en trescientos metros (300 m.) aproximadamente, terrenos que son o fueron de la mencionada Urbanización La Trinidad; SURESTE; en cuarenta y seis metros (46 m.) carretera vieja que conduce a El Hatillo y terrenos de la citada Urbanización La Trinidad y ESTE, en cuatrocientos cuarenta y cinco metros (445 m.) lineales carretera vieja que conduce a El Hatillo y terrenos que son o fueron de la Urbanización La Trinidad”.

El mencionado documento contentivo de la negociación de compra-venta fue autenticado por ante la Notaría Pública Undécima de Caracas, en fecha 15 de abril de 1.981, anotado bajo el N° 159, Tomo 15 de los libros de autenticaciones llevados por esa dependencia, y posteriormente protocolizado ante la Oficina de Registro Público del Primer Circuito del Municipio Baruta, del estado Miranda, en fecha 08 de junio de 1.981, anotado bajo el N° 27, Tomo 26, del Protocolo Primero.

También se observa de las documentales cursantes en autos, específicamente las cursantes al cuaderno de anexos de este expediente, copia simple de la sentencia N° 2749 emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 27 de diciembre de 2.001 (páginas 01 a la 34), y de su contenido se desprende lo que a continuación se transcribe:

“…esta Sala, en ejercicio de su función tuitiva del orden público, (…) pasa inmediatamente a analizar la existencia o inexistencia de fraude procesal en el mencionado juicio de tercería, a cuyo efecto se analizan, en todo su valor probatorio por no haber sido impugnadas, las copias certificadas expedidas por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, concernientes al referido procedimiento de tercería incoado por Héctor Lugo Feliche.

De los instrumentos que constan en autos, esta Sala observa:

El 10 de diciembre de 1997, el ciudadano Héctor Lugo Feliche, asistido por la abogada Rocío Pérez, incoó demanda de tercería contra los ciudadanos Giuseppe Russo Ferrante y Genaro Lobo Silva, con motivo del juicio que, por cumplimiento de contrato, se seguía contra Giuseppe Russo Ferrante, ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
(…Omissis…)

De los hechos antes expuestos, esta Sala encuentra: Héctor Lugo Feliche incoó pretensión de tercería contra Giuseppe Russo Ferrante y Genaro Lobo Silva, para que éstos reconocieran al primero como propietario del inmueble descrito en su demanda, el cual tiene, según ellos, una área aproximada de ciento cuarenta hectáreas (140 has.), ubicado en el sitio denominado El Ingenio, Municipio Baruta del Estado Miranda.

Del escrito de la demanda de tercería hay tres aspectos que deben ser resaltados, con el propósito de determinar la existencia o inexistencia del fraude procesal.

El primero, que el tercerista afirmó que el inmueble, que pretende suyo, no es propiedad del codemandado Giuseppe Russo Ferrante, sino que realmente pertenece al apoderado de este último, ciudadano Angelo Lo Destro Alabiso. Por ello, no se comprende que el demandante en tercería haya afirmado que el inmueble no pertenece a aquél frente a quien dedujo su pretensión y que, sin embargo, lo demande para que, aun ante tal alegación, le reconozca la propiedad en un acto que, en últimas cuentas, implica disposición a favor del tercerista por parte de quien éste dijo que no es titular del dominio sobre el bien. Asimismo, también es incomprensible que Giuseppe Russo Ferrante, en el escrito del 15 de diciembre de 1997, en el que se propuso la transacción mencionada, admita como cierto lo expuesto por el demandante –lo que incluye la alegación de que no es suyo el inmueble- y que, no obstante, celebre con Héctor Lugo Feliche una transacción en la que, como se dijo, dispone del inmueble, mediante ese negocio jurídico, a favor del tercerista.

Aunado a ello, el tercerista alegó que Angelo Lo Destro falleció, lo cual fue admitido como cierto por los demandados en tercería. Ahora bien, en la hipótesis de que fuese cierto que el inmueble pertenecía realmente a Angelo Lo Destro Alabiso, como lo afirmaron el tercerista y los demandados, el deceso de aquél habría acarreado la apertura de una sucesión universal por causa de muerte, en virtud de la cual surgirían derechos a favor del Fisco Nacional por concepto del correspondiente impuesto sucesoral, derechos esos que habrían resultado palmariamente violados con la transacción comentada. Igualmente, en esa misma hipótesis, si se ignorase quiénes son los herederos de Angelo Lo Destro Alabiso, o éstos hubiesen renunciado a la herencia, eventualmente también se perjudicaría al Fisco Nacional en lo concerniente a la declaración de la herencia como yacente y subsiguientemente, de ser el caso, vacante, conforme a los artículos 1.060 y 1.065 del Código Civil. De manera, pues, que cualquiera que sea la perspectiva desde donde se juzgue la demanda de tercería y la transacción celebrada en el mencionado juicio, por aplicación de las reglas de la lógica y las máximas de experiencia, es forzosa la conclusión de que quienes intervinieron en la misma se concertaron en perjuicio de terceros.

En segundo lugar, como instrumento fundamental de la demanda de tercería, el tercerista produjo un documento privado que, según dijo, es del 14 de junio de 1976, mediante el cual Angelo Lo Destro Alabiso, actuando como apoderado de Giuseppe Russo Ferrante, le dio en venta el mencionado inmueble. Es indisputable que ese instrumento privado no le era oponible a Genaro Lobo Silva y, sin embargo, éste reconoció igualmente las afirmaciones del tercerista en su demanda y prestó su voluntad para la celebración de la transacción comentada, que tuvo como propósito aceptar como cierto el derecho de propiedad alegado por el tercerista, fundado en un documento sin autenticidad que no gozaba del valor probatorio del artículo 1363 del Código Civil.

En tercer lugar, resulta sumamente extraño, y contrario a las reglas de la lógica y a las máximas de experiencia, que Héctor Lugo Feliche haya celebrado contrato de compraventa para adquirir el mencionado inmueble, según dice, el 14 de junio de 1976, y que fue, aproximadamente, veintiún (21) años después cuando el tercerista reclamó el reconocimiento de ese derecho, sin que previamente hubiera solicitado, del supuesto vendedor, el otorgamiento del documento correspondiente ante la Oficina de Registro competente, para poder hacerlo valer frente a terceros como consecuencia de la publicidad registral. No debe olvidarse que se trata de la supuesta compra de un lote de terreno de ciento cuarenta hectáreas (140 has.), aproximadamente, ubicado en plena zona urbana del Municipio Baruta.

Por otra parte, destaca también el hecho de que los apoderados judiciales de los demandados en tercería, abogados Fernando Di Lena y Julio Cáceres Gamboa, cinco días después de haber sido admitida la demanda, esto es, el 15 de diciembre de 1997, comparecieron voluntariamente al Tribunal junto con el demandante Héctor Lugo Feliche, renunciaron al lapso de comparecencia para la contestación a la demanda, admitieron como ciertas las afirmaciones del tercerista, lo reconocieron como propietario del inmueble que dijo haber adquirido por documento privado y, en ese mismo acto, propusieron a éste último la mencionada transacción, la cual fue aceptada por Héctor Lugo Feliche.

También es preciso señalar que, en el mismo acto del 15 de diciembre de 1997, Héctor Lugo Feliche le cedió al abogado Carlos Ramírez López todos los derechos que le fueron reconocidos mediante la transacción, es decir, la propiedad de un inmueble con una superficie aproximada de un millón cuatrocientos treinta y dos mil setecientos veinte metros cuadrados (1.430.720 m2), aproximadamente ciento cuarenta hectáreas (140 has.), ubicado en el área urbana del Municipio Baruta del Estado Miranda, por el irrisorio precio de veinte millones de bolívares (Bs. 20.000.000,00).

Igualmente, de las actuaciones procesales analizadas se observa que las partes del juicio de tercería fueron allanando el camino mediante una serie de actos enderezados a lograr el registro de documentos que acreditaran la propiedad sobre el referido inmueble y que per se no podían ser registrados. En este sentido, además de la transacción celebrada, se observa que las partes prestaron el concurso de su participación para la realización de un levantamiento topográfico que facilitara la protocolización de la transacción, mediante el cual se determinarían las áreas de terreno que se reconocieron en ese supuesto negocio jurídico. Así las cosas, es fácil colegir que, cuando las partes celebraron la transacción, mantuvieron indeterminada el área de terreno objeto de la misma, para luego hacerla precisa mediante el plano que se elaboró después del levantamiento topográfico efectuado, para despejar el camino hacia la protocolización de los documentos por los cuales se acreditaría la propiedad, y que en principio no podían ser registrados.

En otro orden de ideas, también llama poderosamente la atención a la Sala que, en el escrito de la demanda de tercería, el tercerista alegó que el inmueble se encuentra invadido y que, no obstante ello, en la transacción se admitió como cierto lo afirmado por el actor y se pidió del Tribunal que se hiciera entrega material del terreno a Carlos Ramírez López, lo cual evidencia que, con tales actos, se tenía el propósito de perjudicar a terceros extraños a ese juicio.

Tampoco escapan de la consideración de esta Sala, los diversos actos, traslativos de los derechos objeto del juicio de tercería y de la transacción, que se hicieron después de celebrada ésta. En efecto, Carlos Ramírez López adquirió de Héctor Lugo Feliche ciento cuarenta hectáreas (140 has.), ubicadas en el mencionado lugar, en la misma transacción, por el precio ínfimo de veinte millones de bolívares (Bs. 20.000.000,00); luego cedió esos derechos a Carlos Quintín Ramírez Trejo, quien posteriormente los vendió a Urbanizadora Colinas de Cerro Verde C.A., sociedad mercantil ésta en la que Carlos Ramírez López aparece como representante legal y apoderado judicial, y los abogados Claudia Ramírez Trejo y Carlos Ramírez Trejo, como apoderados judiciales, destacando el hecho de que el abogado mencionado en último lugar, como se dijo, fue quien le transmitió el derecho de propiedad a Urbanizadora Colinas de Cerro Verde C.A.

De los hechos narrados hasta ahora se colige, sin lugar a dudas, que en el juicio de tercería no subyacía ningún tipo de controversia entre las partes, pues nunca hubo contención. Antes por el contrario los sujetos que intervinieron en la transacción prestaron siempre el concurso de sus voluntades para allanar el camino con el propósito de lograr la protocolización de las actas procesales contentivas de actos sucesivos mediante los cuales, finalmente, la propiedad del inmueble se hizo recaer en Urbanizadora Colinas de Cerro Verde C.A.

En virtud de las peculiaridades del presente caso, esta Sala, por notoriedad judicial, ha consultado dos sentencias, dictadas por la antigua Corte Suprema de Justicia, que tienen relación con los derechos de propiedad objeto del juicio de tercería a que se refiere este procedimiento de amparo constitucional.

La primera, es la sentencia dictada, el 4 de diciembre de 1991, por la Sala Político Administrativa, que declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo de anulación incoado por Luis Enrique Ferro Ochoa contra la Resolución n° 13 del 28 de agosto de 1986, dictada por el Ministro de Justicia, mediante la cual fue ratificada la negativa del Registrador Subalterno del Segundo Circuito de Registro del Distrito Sucre del Estado Miranda, en cuanto a la protocolización de un documento por el cual el prenombrado recurrente pretendió vender un lote de terreno ubicado en el ámbito del Municipio Baruta, precisamente en el lugar denominado El Ingenio, a que se refiere este procedimiento.

En esa sentencia, se hizo una breve referencia a adquisiciones hechas respecto de la mencionada posesión denominada El Ingenio. En ese sentido, se señaló que, el 26 de marzo de 1963, Giuseppe Ruso Ferrante adquirió de León Campos Guzmán una porción de terreno que forma parte de la mayor extensión de la posesión denominada El Ingenio, de la cual León Campos Guzmán había adquirido cincuenta hectáreas (50 has.) por venta que le hizo Jesús Acuña. A su vez, Jesús Acuña adquirió el fundo denominado El Ingenio en acto de remate. En dicha decisión se dejó establecido como cierto, que León Campos Guzmán adquirió de Jesús Acuña solamente cincuenta hectáreas (50 has.); que León Campo Guzmán es causante de Giuseppe Russo Ferrante, y que éste último vendió a Luis Enrique Ferro Ochoa, a quien le fue negada la inscripción registral que dio origen al acto administrativo impugnado mediante el referido recurso contencioso administrativo de anulación, que fue declarado sin lugar. También se fijó como cierto, en ese fallo, que León Campos Guzmán, causante del codemandado Giuseppe Russo Ferrante, por haber adquirido sólo una porción de la precitada posesión denominada El Ingenio, no pudo vender a Giuseppe Russo Ferrante toda la posesión, pues únicamente había adquirido cincuenta hectáreas (50 has.). En la misma decisión, se señaló que la sentencia, del 17 de enero de 1980, que profirió la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia y que declaró sin lugar una demanda de nulidad incoada contra el acto de remate en el cual adquirió el inmueble Jesús Acuña, sólo es oponible entre las partes de ese juicio (res inter allios iudicata) y, obviamente, no frente a terceros, entre los cuales se encuentran la República Bolivariana de Venezuela, el Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE) e Inversiones Carolina C.A., intervinientes en este procedimiento de amparo constitucional.

Reiterando el pronunciamiento que se hizo en ese sentido, la Sala Político Administrativa, en la referida sentencia del 4 de diciembre de 1991, señaló que la negativa de protocolización, contenida en la Resolución n° 13 del 28 de agosto de 1986, se debió a que la cabida del inmueble denominado El Ingenio "... había quedado exhausta, es decir, ya antes estaban vendidas más de 50 hectáreas...".

De la misma sentencia, también es importante destacar el señalamiento según el cual la cabida del inmueble, que le atribuyó el tercerista Héctor Lugo Feliche, es decir, un millón cuatrocientos treinta y dos mil setecientos veinte metros cuadrados (1.432.720 m2), habría sido establecida en informe pericial rendido en un procedimiento por retardo perjudicial, pero que, conforme al artículo 818 del Código de Procedimiento Civil, "... tal pericia sólo tiene valor entre las partes...", es decir, no es oponible a terceros, entre los cuales también se encuentran la República Bolivariana de Venezuela, el Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE) e Inversiones Carolina C.A., pues esa inoponibilidad, correctamente apreciada por esa Sala, deriva de que es al tribunal competente para conocer de la demanda ordinaria, al que le corresponde estimar si se han cumplido los extremos necesarios para dar por válida la prueba anticipada.

La otra decisión consultada en virtud de la señalada notoriedad judicial, es la sentencia dictada, el 27 de septiembre de 1995, por la Sala de Casación Civil, Mercantil y del Trabajo de la antigua Corte Suprema de Justicia, mediante la cual fue declarado sin lugar el recurso de casación interpuesto por el prenombrado Carlos Ramírez López, contra la sentencia dictada el 13 de enero 1995 por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que, a su vez, declaró con lugar la demanda de reivindicación incoada por Inversiones 4224 C.A. contra Carlos Ramírez López. En el juicio que ahora se refiere, se estableció, por sentencia firme, que la cadena de títulos relativos a la posesión denominada El Ingenio, antes citada, en la que está comprendido el título de Jesús Acuña, causante remoto de Giuseppe Russo Ferrante, no surte efectos contra terceros -entre los cuales se encuentran igualmente la República Bolivariana de Venezuela, el Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE) e Inversiones Carolina C.A.- pues dicho inmueble ya había sido enajenado, en 1890, por María Abreu de Machado y Jorge Machado, herederos de José Cruz Machado y, por ende, se encontraba en una cadena titulativa distinta y anterior a aquella concerniente al título de Jesús Acuña y, por tanto, al de Giuseppe Russo Ferrante.

De las dos sentencias comentadas, se observa claramente que este Alto Tribunal ha pronunciado fallos adversos a los derechos de propiedad que, en los términos del referido juicio de tercería, han pretendido Giuseppe Russo Ferrante y sus causantes inmediatos y remotos.

Todos los hechos y circunstancias señalados con anterioridad en este fallo, llevan a la convicción de esta Sala que el juicio de tercería, incoado por Héctor Lugo Feliche contra Giuseppe Russo Ferrante y Genaro Lobo Silva, fue empleado para fines distintos a la resolución de un conflicto intersubjetivo, pues fue utilizado con la finalidad de crear un nuevo título registrable, por orden judicial, que acreditara, en perjuicio de terceros, la propiedad sobre el lote de terreno a que antes se ha hecho referencia en este fallo, ubicado en el sector denominado El Ingenio, Municipio Baruta, con una superficie aproximada de un millón cuatrocientos treinta y dos mil setecientos veinte metros cuadrados (1.432.720 m2).